Tráfico anula los controles aleatorios de droga en las carreteras extremeñas

Desde entonces, los agentes de la Guardia Civil sólo practican el 'narcotest' en tres circunstancias: cuando se ha producido un accidente de tráfico, cuando se detecta una infracción, y en aquellos casos en los que el conductor da negativo en alcohol pero presenta síntomas evidentes de haber consumido drogas.

Estos tres tipos de test, que tienen consecuencias penales, siguen realizándose sin limitación alguna. Pero no ocurre lo mismo con las pruebas que los agentes de tráfico hacen por sorpresa en cualquier punto de la región para concienciar del riesgo que entraña conducir después de haber consumido sustancias estupefacientes o medicamentos que merman las capacidades psicofísicas.

Esos controles programados que se realizan a todos los conductores que pasan por un punto concreto han sido suprimidos, por lo que ha bajado de forma brusca el número de test que se realizan a pesar de que se demostraban eficaces, puesto que en torno al 30% de los conductores analizados daban positivo en el test.

De esta circunstancia ha alertado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que a través de sus canales de comunicación ha explicado que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil remitió a mediados de enero a todas sus unidades un comunicado en el que informaba de la «inminente conclusión del contrato acordado entre la Dirección General y el laboratorio que realiza los análisis de las muestras remitidas como confirmatorias en las pruebas de droga que practican los agentes a los conductores».

Desde esta asociación se explicaba que el concurso convocado para elegir a la empresa que realizaría los test a partir de enero había quedado «sin adjudicatario». «Este error supone que los agentes de la Guardia Civil, desde estos momentos, únicamente podrán realizar test de drogas de manera restringida y conforme a unas instrucciones precisas».

«Nos encontramos por tanto ante una nueva negligencia administrativa que recae en la seguridad de los ciudadanos, que de esta forma ven cómo se restringen los controles antidroga en las carreteras y desaparece así una herramienta fundamental para reducir la siniestralidad y disuadir a las personas que de forma desaprensiva se ponen al volante bajo los efectos de diversas sustancias», alertaba la AUGC.

La supresión de esos controles no es exclusiva en la región. La misma situación afecta a los sectores de tráfico de toda España dado que el laboratorio que analizaba las muestras de saliva era el mismo para todas las comunidades autónomas en las que la Guardia Civil tiene las competencias de tráfico. No ocurre lo mismo en las ciudades, donde las policías locales cuentan con los medios necesarios para realizar los test.

El Código Penal tipifica como un delito conducir bajo la influencia de drogas, una conducta que está sancionada con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de la privación del carné de uno a cuatro años.

Esas penas se imponen al conductor que da positivo en el test cuando los agentes comprueban que está influido por las drogas. Si el positivo existe pero el agente considera que no influye en la conducción, la sanción es administrativa y consiste en una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos en el carné. En este segundo caso se encuadran la mayoría de las pruebas que han dejado de realizarse.